Berta Isabel Cáceres Flores (4 de marzo de 1971 - La Esperanza, 2 de marzo de 2016) fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña.
Cofundó el COPINH para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio Medioambiental Goldman, «el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente». Fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida. Su asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América y parte de Europa.
En julio de 2021, David Castillo, directivo de la empresa DESA, fue declarado culpable de ser el autor intelectual del asesinato de Cáceres.
Hija de José Doré Cáceres Portillo y de María Austra Berta Flores, que fue partera, enfermera y alcaldesa, quien dio amparo a muchos refugiados de El Salvador durante la guerra civil de ese país. Además sometió la moción de la firma de Honduras del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el cual fue firmado en 1995. También impidió que se instalara un batallón en La Esperanza para evitar la militarización, ya que los militares suelen hacer acosos a los pueblos y a las mujeres indígenas.
Durante su infancia y adolescencia Berta Cáceres pudo ver y unirse a las luchas de su pueblo. Uno de sus hermanos fue balaceado y perseguido, su otro hermano fue secuestrado y torturado por seis meses. Su madre fue vigilada por doce años y fue secuestrada en 1992 por un coronel egresado de la Escuela de las Américas, que luego fue ascendido.
Al formar parte de su pueblo, participó en muchos de sus ritos y tradiciones, entre ellos, la compostura al agua.
Estuvo casada con el dirigente indígena Salvador Zúñiga y fue madre de cuatro hijos.9 Una de sus hijas, Berta Zúñiga Cáceres, asumió el liderazgo del COPINH, la organización que Berta Cáceres dirigía antes de ser asesinada. Pocas semanas después de asumir la responsabilidad, Berta Zúñiga Cáceres denunció que el 30 de junio de 2017 sufrió un atentado del que logró escapar.
En marzo de 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que se emplea por «la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y por elevar las condiciones de vida de la población de la región».
Destacó en su activismo medioambiental, siendo especialmente mediática su actividad en contra de la privatización de los ríos y en contra de los proyectos de presas hidroeléctricas de inversores internacionales, sobre todo su lucha contra el proyecto de la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque en el departamento de Santa Bárbara. Luchó también contra proyectos mineros y madereros para proteger el medio ambiente.
En 2009 «encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya». Además fue una dura crítica del Gobierno de Juan Orlando Hernández.
Desde el golpe de Estado de 2009, se han iniciado en Honduras una gran cantidad de megaproyectos destructivos para el medio ambiente, que acarrean el desplazamiento de comunidades indígenas y la privatización de ríos y territorios, destinándose casi el 30% del territorio nacional a concesiones mineras. Según denuncia el COPINH, en 2010 el Congreso Nacional «otorgó docenas de concesiones de ríos en toda Honduras.» Entre estas, le entregó por veinte años el río Gualcarque a la empresa DESA, «un río sagrado para el pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos».
En 2006 un grupo de indígenas lencas de la región indígena de Río Blanco, acudió al COPINH en busca de ayuda tras haber sido testigos de la llegada de maquinaria y material de construcción en su área. El proyecto se trataba de una alianza comercial para construir cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque. Los actores implicados eran la compañía china Sinohydro (la mayor compañía constructora de presas del mundo), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). Al no consultar a la comunidad local sobre el desarrollo del proyecto, las empresas habían violado la ley internacional, concretamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los lencas consideraban que las presas afectarían su acceso a agua, comida y materiales para medicina, por lo que su modo de vida tradicional sería puesto en peligro.
La campaña de protesta consistió en organizar reuniones comunitarias, presentar quejas legales y llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A partir del 2013, Cáceres dirigió al COPINH en la campaña de protesta. Una de sus principales acciones fue el bloqueo del acceso al área de construcción por más de un año; pese a que los activistas locales fueron repetidamente desalojados por la Policía Nacional de Honduras. El 15 de julio de 2013, los militares de Honduras abrieron fuego contra algunos miembros del COPINH, quienes realizaban una protesta pacífica, causando la muerte del dirigente Tomás García y tres heridos. En mayo de 2014 se produjeron dos asesinatos más y otros tres activistas resultaron gravemente heridos.
Además, las compañías constructoras, la policía y los militares montaron desde entonces una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza contra activistas locales y grupos indígenas, a la vez que se les criminalizaba y se les presentaba en los medios de comunicación como violentos y peligrosos.
En 2013, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Aline Flores, acusó a Cáceres de liderar grupos que solamente quieren «atrasar al país» oponiéndose a proyectos de desarrollo, los cuales, manifestó, se han hecho a través de convenios y socialización con las comunidades. El mismo año, Cáceres, junto a otros dirigentes indígenas, fue acusada de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en prejuicio de DESA, por lo que se le dictó una medida de prisión preventiva.
En respuesta, Amnistía Internacional declaró que los cargos deberían ser retirados y que si los activistas eran encarcelados serían considerados presos de conciencia. Sumado a esto, 45 organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales expresaron su preocupación por la criminalización a los defensores de derechos en Honduras e hicieron un llamamiento para que el Gobierno investigara las amenazas contra ellos. Las presiones del COPINH, liderado por Cáceres, junto con la ayuda de comunidades indígenas y organismos internacionales, hizo que a finales del 2013 Sinohydro y la CFI se retiraran del proyecto, aduciendo inquietudes sobre violaciones a los derechos humanos. A pesar de ello, Desarrollos Energéticos continuó con el proyecto y trasladó el área de construcción al otro lado del río con la intención de evitar bloqueos.
Berta Cáceres llevaba años denunciando hostigamiento, graves amenazas de muerte y de violencia contra ella y su familia, y contra miembros del COPINH. Contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009, aunque según su madre, en la práctica no recibía protección del Estado por la presión de las autoridades que defienden a la mineras y empresas hidroeléctricas.
Debido a la persecución recibida, su madre y sus hijos tuvieron que abandonar el país, mientras ella tomó precauciones extremas, dormía cada noche en un lugar diferente y casi no se comunicaba mediante aparatos telefónicos, siempre viajaba acompañada, no hacía presentaciones públicas, expresó además que recibía amenazas por parte de la empresa privada DESA como de las fuerzas de seguridad del Gobierno que protegian el proyecto de DESA. Una semana antes de su asesinato, Cáceres denunció que ella y otros dirigentes de su comunidad habían recibido amenazas de muerte y otros cuatro habían sido asesinados.
Cerca de la medianoche entre el 2 y 3 de marzo de 2016 Berta Cáceres se encontraba en su vivienda en La Esperanza, donde también se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto miembro de Amigos de la Tierra; cuando los asesinos forzaron las puertas. Castro escuchó cuando Berta preguntó: «¿Quién está ahí?», y un sicario le disparó y la mató e hirió a Castro, quien fingió estar muerto para salvar su vida.
Miles de personas asistieron a su funeral, celebrado el 5 de marzo de 2016 en La Esperanza, que se convirtió en un homenaje popular. Acompañados de los rituales y danzas garífunas, se cantó el Padre Nuestro en diversos idiomas y lenguas como lenca, misquito, garífuna, quiché, español e inglés. Luego del acto, sus hijas encabezaron una marcha por toda la ciudad, en la que reclamaron justicia y denunciaron la impunidad de los asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. La multitud llegó hasta el cementerio de La Esperanza, donde fueron sepultados sus restos.
